Conflicto de competencias entre autoridades administrativas respecto a los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en Colombia

La infancia y la adolescencia representan el grupo poblacional reconocido per se como población vulnerable. Este reconocimiento se fundamenta en La Convención de los Derechos del Niño de 1989, que implica para los Estados signatarios y partes, hacer esfuerzos adicionales para garantizar la protección de sus derechos. Para el caso colombiano, su evolución normativa no fue precisamente expedita; en sus inicios, el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) no reconocía a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Posteriormente la Ley 12 de 1991 incorpora a la legislación colombiana la Convención de los Derechos del Niño, año en el que también entra en vigencia la Constitución Política de Colombia. A pesar de esto y de los esfuerzos de las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, fue solo hasta el año 2006, con la sanción de la ley 1098, que se habló en Colombia de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a partir de este concepto, como sujetos de protección especial por parte de la familia, el Estado y la sociedad. El Código de infancia y adolescencia llega para abatir el paradigma de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos minúsculos e incapaces de ejercer sus derechos y asumir responsabilidades; sin embargo, su aplicación no ha sido del todo pacifica, surgen con este nuevos conceptos que cambian algunos muy arraigados por la costumbre, como el hecho de que ellos y ellas tienen derecho a expresarse libremente y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta o erradicar la violencia como un derecho del padre en el ejercicio legítimo de la crianza. En materia procesal, también surgieron muchos cambios que desarticularon la función que hasta ese entonces venían desempeñando las autoridades administrativas, dando lugar a confusiones en el ejercicio de sus funciones y sobre todo, en lo referente a su competencia en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Posteriormente se expidió el Decreto reglamentario 4799 de 2007 para determinar la competencia entre comisarios y defensores de familia, siendo la violencia intrafamiliar el criterio determinante en su competencia. A pesar de lo anterior, el concepto de violencia intrafamiliar, debido a su amplia interpretación, puede llegar a ser de aplicación subjetiva, surgiendo de esta manera los conflictos negativos de competencias; aunque estos últimos son comunes a todos los trámites judiciales y/o administrativos, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos goza de una particularidad especial, su término perentorio, cuyo fin es proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren en una situación de amenaza o de vulneración. El conflicto de competencia en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos puede representar la revictimización de estos sujetos de protección, en la medida que se dilate la protección inmediata de sus derechos, mientras se resuelve. Muchos han sido los esfuerzos del legislador por evitar esta revictimización, pero aún se encuentran obstáculos en estos trámites que dilatan su oportuna atención. En esta investigación busca identificar los efectos del conflicto de competencias entre las autoridades administrativas, con relación al interés superior y carácter prevalente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y finalmente establecer las posibles soluciones que pueden plantearse estas autoridades para evitar dilaciones que afecten el curso de este proceso.Universidad Libre Seccional Pereira - Facultad de Derecho - Maestria en Derecho Administrativ

Aplicación del principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro del proceso penal: alcances para los menores combatientes en Colombia

Artículo de investigaciónEl conflicto armado sufrido por Colombia en las últimas décadas ha provocado que personas menores de edad lleguen a convertirse en combatientes de los grupos armados al margen de la Ley, sin embargo, este grupo poblacional se considera amparado por la prevalencia del interés superior a partir de los derechos fundamentales que le asisten. En tal sentido la degradación del conflicto en la que los menores de edad pueden ser considerados como victimarios y víctimas del mismo, por lo cual se hace necesario tener en cuenta su condición de sujetos de especial protección por parte del Estado, así como el principio de prevalencia y el interés superior del niño a la hora de analizar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.41 p.INTRODUCCIÓN 1. DERECHO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 2. DESARROLLOS JURIDICOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 3. TRATAMIENTO NORMATIVO PARA DELITOS COMETIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMBATIENTES 3. CONCLUSIONES 4. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍAPregradoAbogad

La prohibición de rebajas de pena a preacuerdos en delitos sexuales contra menores de edad

147 páginasEl presente trabajo de investigación jurídica expone aquellos presupuestos de constitucionalidad en el sistema acusatorio colombiano, que son vulnerados por la prohibición de rebajas de pena en la realización de preacuerdos en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores (NNA), contemplados en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Dicha vulneración tiene fundamento en la Política Criminal del Estado que protege y garantiza los derechos de NNA. La investigación aborda una metodología cualitativa basada en el análisis documental, que examina doctrinas y jurisprudencia internacional y nacional en aras de identificar la relación de causalidad entre el desmedro de garantías de los procesados y la prohibición de rebajas establecida en el CIA. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que existe un conflicto entre principios del Derecho Internacional tales como el debido proceso, justicia pronta y legalidad, y las disposiciones jurídicas del CIA, también basadas en el Derecho Internacional, particularmente en el principio de protección superior del niño (pro infains) que prohíben rebajas a procesados por estos delitos. Además, dicha prohibición ha contribuido a congestionar los despachos judiciales del ente acusador, así como los de la judicatura.The present legal research work exposes those constitutionality budgets in the Colombian accusatory system, which are violated by the prohibition of penalty reductions in the realization of pre-agreements in crimes against freedom, integrity and sexual training of minors (NNA), contemplated in numeral 7 of article 199 of Law 1098 of 2006 Code of Children and Adolescents (CIA). This violation is based on the State Criminal Policy that protects and guarantees the rights of children. The research addresses a qualitative methodology based on documentary analysis, which examines international and national doctrines and jurisprudence in order to identify the causal relationship between the disproportion of guarantees of the defendants and the prohibition of rebates established in the CIA. Among the most relevant findings there is a conflict between principies of lnternational Law, such as due process, prompt justice and legality, and the legal provisions of the CIA, also based on lnternational Law, particularly the principie of superior prtoection of children (pro infains) that prohibit rebates to those prosecuted for these crimes. In addition, this prohibition has contributed to congesting the judicial offices of the prosecutor, as well as those of the judiciary.Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho ProcesalMaestrí

Protección constitucional del derecho a la vida a niños, niñas y adolescentes en Colombia 2019-2020

This research studies the constitutional protection of the right to life in children and adolescents in Colombia. From an initial point of view, the right to life is a fundamental right protected by international law and block of laws. However, the understanding of the right to life from the point of view of legal order does not place a total emphasis on the existence of being, of the individual, focusing on the quality of life, a dignified life and other perceptions of the concept. The objectives of this present document are to identify the factors that violate said right, the preventive and sanctioning measures thereof, and determine what are the plans by the State to reduce such vulnerability of the fundamental right. From the methodological point of view, it is presented as a descriptive research, with a qualitative approach, leaving the children and adolescents as the unit of analysis, and the violation of the right to life during 2019 and 2020. The results obtained lead to the expression of a constitutional protection with great deficiencies, lack of reports and statistics that allow to adequately direct national budgets, a jurisprudence directed towards quality of life, a dignified life and other fundamental rights, leaving aside the right to freedom. life or existence of the minor. As major factors in the violation of the right, the armed conflict, malnutrition, physical and sexual violence, homicides and others are explicit, which demand attention from the State and regulatory institutions.La presente investigación estudia la protección constitucional del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Desde un punto de vista inicial el derecho a la vida es un derecho fundamental protegido por el derecho y bloque internacional de leyes. No obstante, la comprensión del derecho a la vida desde el punto de vista de ordenamiento legal, no hace un énfasis total en la existencia del ser, del individuo, centrándose sobre la calidad de vida, vida digna y otras percepciones del concepto. Se establecen como objetivos de la presente identificar los factores que vulneran dicho derecho, las medidas preventivas y sancionatorias del mismo y determinar cuáles son los planes por parte del Estado para la disminución de tal vulnerabilidad del derecho fundamental. Desde el punto de vista metodológico, la presenta se traza como una investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo, dejando como unidad de análisis los niños, niñas y adolescentes, y la vulneración del derecho a la vida durante el año 2019 y 2020. Los resultados obtenidos llevan a expresar una protección constitucional con grandes deficiencias, falta de informes y estadísticas que permitan direccionar de manera adecuada los presupuestos nacionales, una jurisprudencia direccionada hacia calidad de vida, vida digna y otros derechos fundamentales, dejando de lado el derecho a la vida o existencia del menor. Como grandes factores en la vulneración del derecho se ven explícitos el conflicto armado, la desnutrición, violencia física y sexual, homicidios y otros, los cuales demandan atención por parte del Estado e instituciones reguladoras

Evaluación de las políticas públicas de la primera infancia en los municipios de San Jacinto, San Juan y Carmen de Bolívar: componente salud

La ley 1098 de 2006, denominada La Ley de Infancia y Adolescencia representa uno de los mayores avances que en materia legislativa de derechos humanos se ha sancionado en los últimos tiempos, al imponer a todas las autoridades públicas, a la familia y a la sociedad, responsabilidades concretas y fundamentales para la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Analizado desde la perspectiva, de la obligación que la ley impone tanto a las autoridades locales, departamentales y nacionales, de formular diagnósticos situacionales del estado de los derechos de NNA, este trabajo de investigación pretende determinar si la acción del gobierno en los Municipios de San Jacinto, San Juan y Carmen de Bolívar, ha impactado o trasformado la situación de los derechos de la primera infancia en el componente de salud. La evaluación de la política pública de infancia y adolescencia, para el componente de salud en la primera infancia, corresponde a una evaluación exógena, recapitulativa y ex post; es decir, es realizada por un actor externo, su finalidad es informar al público en general y a otros actores externos y es realizada cuando los impactos de la política pública ya han sido generados.MaestríaMagister en Derech

Una mirada al sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Artículo de investigaciónEl presente trabajo investigativo, busca analizar jurídicamente cómo el Estado colombiano ha desarrollado una política criminal para los menores de edad, desde la ley de infancia y adolescencia ley 1878 de 2018 y la Ley 1098 de 2006, contrastando este cuerpo normativo desde el desarrollo del principio de responsabilidad, para identificar el impacto que ha tenido dentro de la sociedad. Colombia posee una política criminal laxa ante las conductas punibles que cometen los menores de edad, los cuales asumen un dejo de impunidad, pues se concibe la política pública del Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes (SPRA) sobre el eje de restablecimiento de derechos, considerando a los menores infractores como víctimas de sus propias conductas, pues la normativa vigente se basa en principios cuya aplicación pretende la restauración de derecho y no una sanción punitiva, garantizando los derechos de los menores para generar un desarrollo integral del mismo.Introducción. I. Marco normativo sobre justicia para la infancia y la adolescencia II. La responsabilidad penal para menores de edad. III. La familia y la sociedad en el proceso penal de los menores infractores IV. Sanciones de las conductas delictivas provocadas por menores de edad. V. Los menores en el sistema de justicia colombiano Conclusiones Referencias bibliográficas.PregradoAbogad

Infancia y adolescencia, un tema clave para el posconflicto en Colombia

Se toman dos leyes especificas Colombianas enfocada en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia y como ésta cumplirá con el objetivo de ser garante de los mismos frente a un eventual Posconflicto; leyes como 1098 de 2006 Infancia y adolescencia, 1448 de 2011 y Ley de víctimas y restitución de tierras.There take two specific Colombian laws focused in the defense of the rights of the childhood and the adolescence and as this one it will expire with the aim to be a guarantor of the same ones opposite to a temporary employee Posconflicto; laws like 1098 of 2006 Infancy and adolescence, 1448 of 2011 and victims' Law and restitution of lands

Responsabilidad penal de adolescentes en Colombia: desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y garantías procesales

Las garantías procesales a que tienen derecho los adolescentes infractores en Colombia tienen su esencia constitucional definida dentro del estado social de derecho que invoca el respeto de la dignidad humana, el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, por lo que se otorga un grado de protección especial a los adolescentes, esto en concordancia con el artículo 45 que nos referencia, en donde el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, de la cual deber ser responsable el estado, la sociedad y la familia . En tal sentido, se debe apelar a aquella concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del estado. "No obstante lo anterior, instituciones públicas y privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes". (Ley 1098, 2006, art 10). El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, representa un cambio de paradigma o concepción de lo que significa la delincuencia juvenil para la familia, la sociedad y el estado, y por tanto, una nueva visión y consideración del tratamiento que deben recibir los adolescentes que cometen delitos. Pese a que en Colombia existieron normativas que se ocuparon del tratamiento dado a los adolescentes antes de la aparición de la ley de infancia y la adolescencia, las características y principios que rigen el SRPA son considerablemente diferentes a las que existieron en normativas anteriores. El documento intenta demostrar cómo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia brinda una efectiva protección a los derechos humanos y las garantías procesales de esta población. Nos ubicamos puntualmente en lo que respecta al tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, pues sólo en la medida en que se entienda cuáles son los adolescentes que deben hacer parte de un sistema de responsabilidad penal es que las iniciativas cobran sentido y valor. Surge como necesidad, adelantar el estudio sobre los alcances de principios universales como el interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos, el tratamiento diferenciado y la manera como estos se relacionan con los delitos cometidos por adolescentes. La aplicación de principios básicos como la protección integral, la restauración y la prevención, constituyen la base y el factor determinador para el éxito del sistema en Colombia.The procedural guarantees that adolescent offenders are entitled to in Colombia have their Constitutional essence defined within the social State of Law that invokes respect for human dignity, compliance and effectiveness of the principies, rights, duties and guarantees of citizens, so that a special degree of protection is granted to adolescents, this in accordance with the article 45 that we refer, where the adolescent has the right to protection and integral education, for which theState, society and society must be responsible family . In this sense, we must appeal to the concurrence of actors and actions conducive to guaranteeing the exercise of the rights of children and adolescents. The family, society and the State are jointly responsible for their care, protection and careo Coresponsibility and concurrence apply in the relationship that is established between all sectors and institutions of the State. "Notwithstanding the foregoing, public and private institutions obliged to provide social services may not invoke the principie of co-responsibility to deny care that demands the satisfaction of the fundamental rights of children and adolescents." (Law 1098, 2006, art 10). The system of criminal responsibility for adolescents, represents a shif,t of paradigm or conception of what juvenile delinquency for the family, society and the State, and therefore, a new vision and consideration of treatment which should receive the teenagers who commit crimes. Despite the fact that in Colombia there were regulations that dealt with the treatment given to adolescents before the emergence of the law of childhood and adolescence, characteristics and principies governing the SRPA are considerably different from those that existed in previous regulations. The document seeks to demonstrate how the system of criminal responsibility for adolescents in Colombia provides effective protection to human rights and procedural safeguards of this population. We are promptly located with respect to the treatment of adolescents in conflict with criminal law, only to the extent that understand what are teens that need to be part of a system of criminal liability it is the initiatives make sense and value. As need arises, advance study on the scope of universal principies such as the best interests of the child and the prevalence of their rights, differential treatment and the way as these relate to offences committed by adolescents. The application of basic principies such as the integral protection, restoration and prevention, constitute the basis and the determinative factor for the success of the system in Colombia.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de derecho y ciencias política

Faltas disciplinarias del defensor de familia en el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de Derecho. Para ello, cuenta con una estructura establecida a fin de cumplir con sus objetivos constitucionales, así como un equipo de servidores públicos y colaboradores que garantizan tanto los derechos como las obligaciones constitucionales de los gobernados. El rol que cumple el Estado ha de concretarse en este caso, en lo concerniente a los Defensores de Familia, a las disposiciones contenidas en la Carta Política de 1991, especialmente los postulados de los artículos 44 y 209 y al desarrollo que de ellos hace el Código de la Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006 y los reglamentos internos del I.C.B.F., concordantes con el bloque de constitucionalidad. El Defensor de Familia es el funcionario por excelencia garante de los derechos de los menores de edad y la familia, se encuentra investido de facultades que le permiten abordar la problemática que se expone en el presente documento y es quien está en la obligación de adoptar las soluciones que emergen del entorno familiar, la sociedad y el Estado, donde se encuentran involucrados los infantes y adolescentes, sin desconocer a otros servidores públicos a quienes el Código de Infancia y Adolescencia otorga roles y funciones de protección a los menores de edad y su entorno familiar.The Political Constitution of 1991 establishes that Colombia is a Social State of Law. For this, it has a structure established in order to comply with its constitutional objectives, as well as a team of public servants and collaborators that guarantee both the rights and the constitutional obligations of the governed. The role played by the State must be concretized in this case, as regards the Family Defenders, to the provisions contained in the 1991 Political Charter, especially the postulates of articles 44 and 209 and the development that they make of it. Code of Childhood and Adolescence, law 1098 of 2006 and the internal regulations of the ICBF, concordant with the constitutionality block. The Family Ombudsman is the official par excellence guaranteeing the rights of minors and the family, is vested with faculties that allow him to address the problems that are exposed in this document and who is in the obligation to adopt the solutions that emerge from the family environment, society and the State, where infants and adolescents are involved, without ignoring other public servants to whom the Code of Childhood and Adolescence grants roles and protective functions to minors and their environment family

Responsabilidad del estado por la desmovilización de niños de forma oculta por parte de las FARC

El tema de la responsabilidad internacional y patrimonial del Estado frente al restablecimiento de derechos y reparación integral de niños, niñas y adolescentes desmovilizados de forma oculta por parte de las FARC repre-senta gran importancia social, jurídica y administrativa, por tratarse de un fenómeno que tiene que ver con la familia, la sociedad y los deberes del Estado sobre garantizar la integridad y los derechos de niños, niñas y ado-lescentes, en especial porque cuando se vulneran estos derechos es el mismo Estado quien debe responder por su restablecimiento mediante medidas administrativas que propicien la reparación integral, so pena de ser juzgados por organismos internacionales por la omisión de sus debe-res como Estado